Minería del Perú

HISTORIA  LEGAL DE LA MINERIAPERUANA

Tomado de OSINERGMIN –Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Alfredo Dammert Lira y Fiorella Molinelli Aristondo -Setiembre del 2007

.

Periodo Documentos legales

Antes de 1901

Ordenanzas de Indias y disposiciones administrativas posteriores que las

rectificaban o ampliaban.

1901 Código de Minería de 1901.

1950 Código de Minería de 1950

1971 Ley General de Minería, Decreto Ley 18880 – (1971)

1981 Ley General de Minería, Decreto Legislativo 109 – (1981)

1991 – actual.- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería, Decreto Supremo 014-92-EM – (1991) (texto que contiene las modificaciones

introducidas por el Decreto Legislativo 708 al Decreto Legislativo 109)

Ordenanzas de Indias (antes de 1901)

Durante la Colonia y toda la etapa republicana del siglo XIX, la minería estuvo

reglamentada por las Ordenanzas de Indias y las disposiciones administrativas

que las rectificaban o ampliaban.

Código de Minería de 1901

Iniciando el siglo XX, en 1901, se dicta el primer Código de Minería caracterizado por una mayor simplicidad y claridad respecto a los anteriores

dispositivos administrativos.

Dicho Código estableció el principio de accesión por el cual el propietario del

suelo también era propietario de los recursos minerales contenidos en él. Ello

implica que no existía distinción entre la propiedad del suelo y el subsuelo para

efectos del aprovechamiento diferenciado de los recursos minerales. Asimismo,

estableció la propiedad privada minera legalmente adquirida, con carácter de

irrevocable y perpetua salvo por caducidad debido al no pago de los impuestos

correspondientes.

Con este Código, se crea la jurisdicción minera y un proceso administrativo

especial para adquirir la titularidad minera. La administración minera fue

encargada y ejercida por el Ministerio de Fomento del Poder Ejecutivo, el

Consejo Superior de Minería y las diputaciones territoriales.

Código de Minería de 1950

En mayo de 1950, durante el gobierno de Manuel A. Odría y mediante Decreto

Ley Nº 11357, se aprobó el segundo Código de minería, el cual entró en

vigencia a partir del mes de julio de dicho año. A diferencia del primero, se

establece una distinción entre la propiedad del suelo y el subsuelo. Dicha

distinción fue la base del llamado régimen dominalista en el cual el Estado, por

primera vez y en concordancia con la Constitución de 1933, es concebido como

el titular de los yacimientos mineros, es decir, el dueño del subsuelo. Mientras

que el particular es propietario de los minerales una vez extraídos.

Con este régimen, era posible que el propietario del terreno superficial adquiera los materiales de construcción que se encuentren adheridos al mismo o formen parte de éste.

Este Código definió la explotación minera como una actividad de utilidad

pública, es decir, una actividad de interés nacional. Por ello, se favoreció al

concesionario minero con un marco menos restrictivo, generando problemas

con el sector agrario. Bajo este marco legal, el titular minero pagaba un

impuesto por las utilidades industriales y comerciales. Este impuesto no

gravaba el capital y era considerado como un pago a cuenta del impuesto anual a las utilidades. Adicionalmente, se fijó una cláusula contractual que exoneraba por 25 años al minero de todo gravamen por crearse, sea éste de alcance nacional, regional o local, así como de cualquier tributo sobre la concesión o sus productos.

Ley General de Minería, Decreto Ley No. 18880 – (1971)

En 1971, el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado promulgó la

Ley Nº 18880, Ley General de Minería. Dicho instrumento legal, en

concordancia con el régimen, justificó un mayor papel del Estado en la

actividad minera al declarar la propiedad estatal de los yacimientos mineros

como inalienables e imprescriptibles.

Con este Código, cualquier otra actividad conexa o asociada a las actividades

de explotación minera era considerada de interés nacional. En consecuencia, se llevó a cabo la estatización de diversas empresas y organizaciones privadas

presentes en todas las etapas de la actividad minera reduciéndose la actividad

privada sujeta a un régimen de concesiones.

 Otras disposiciones de la Ley General de Minería de 1971

El cateo es libre y la prospección es exclusiva sobre áreas determinadas.

Se promoverá la organización de sociedades dedicadas a la minería,

sobretodo de aquellas sucursales de empresas extranjeras que cuenten con

el 25% de accionistas nacionales.

Se promoverá en forma intensiva la prospección y exploración minera.

Se promoverá el mayor bienestar del trabajador minero.

Se promoverá la formación y capacitación del personal.

Con posterioridad al régimen de facto, el Congreso de la República, instalado

con ocasión de la Asamblea Constituyente que emitió la Constitución de 1979,

aprobó medidas de promoción minera entre los cuales se encuentra el Decreto

Legislativo No. 34 que versa una modificación del porcentaje de reinversión de

utilidades necesario para la exención del pago de impuestos.

Ley General de Minería, Decreto Legislativo 109 – (1981)

En 1981, mediante Decreto Legislativo 109, se promulgó una nueva Ley

General de Minería. Dicha Ley otorgó el derecho pleno sobre el área de terreno

que los concesionarios mineros denunciaban a partir de la realización de la

solicitud. Sin embargo, la presencia estatal en el sector, especialmente a través

de la actividad empresarial, siguió siendo importante. En la siguiente tabla se

muestran otras disposiciones importantes contenidas en la nueva Ley.

Otras disposiciones de la Ley general de Minería de 1981

Clasificó las concesiones mineras como metálicas, carboníferas, no

metálicas y geotérmicas13, siendo estas últimas una innovación respecto a

otras legislaciones.

Fijó reglas específicas para la determinación del tipo de concesión

otorgada evitando la superposición entre las categorías de concesión antes

mencionadas.

Simplificó el proceso administrativo para obtener la titularidad minera y

eliminó la caducidad de los derechos mineros por falta de pago del canon.

Otorgó al Consejo de Minería o Tribunal Administrativo Colegiado la

resolución de los recursos de revisión como última instancia administrativa.

Asimismo, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde

Terry se dictó el Decreto Legislativo 110, que modificó la Ley Orgánica del

Registro Público de Minería, con lo cual se pudo registrar los derechos mineros

y todos los actos, contratos y resoluciones que recaían sobre éstos.

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería – (1992)

En 1992, mediante el Decreto Supremo Nº 014-92-EM se promulgó el Texto

Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería. Constituye la fuente

normativa vigente en materia minera en el país e incluye en el Decreto

Legislativo 109 lo dispuesto en la Ley de Promoción de Inversiones en el

Sector Minero promulgada por el Decreto Legislativo 708 del 6 de noviembre

de 1991.

Las concesiones geotérmicas son otorgadas para explotar recursos geotérmicos. Dicha explotación implica el aprovechamiento de la energía geotérmica, la cual se obtiene del calor natural de la tierra.