96% DE TIERRAS DE CONCESIONES CHOCAN CON PUEBLOS
EL PAIS, periódico español en su edición para
América del 05 de noviembre último,
señala que más del 40% de la superficie de Perú se destina a las concesiones para minería, petróleo, gas y
madera.
Sin embargo de toda esta superficie, el 96%
propenso a recibir inversión, está
habitada por comunidades locales y pueblos indígenas, lo que dificulta su
inmediata explotación.
El medio español señala que “la inseguridad
en la tenencia de la tierra es una amenaza para las poblaciones, pero también
para la estabilidad de las inversiones de las empresas”
El estudio, según señala nuestra fuente, fue
dado a conocer en la conferencia “
Inversionistas, comunidades y cambio
climático: riesgos y oportunidades” con vistas a la Cumbre de Cambio
Climático COP 20 que tendrá lugar en Lima en diciembre próximo.
En comparación con otros países de la región
señala que Perú tiene el mayor número de concesiones para minería con un total
de 59,159 concesiones seguido por
Colombia que ocupa el segundo lugar con 9,464 concesiones.
Se menciona también que Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del
Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del
Ministerio del Ambiente de Perú expresa que “El Estado debe cambiar de la
visión sectorial a la territorial que incluye a la vez a la gente, al ambiente
y a los recursos en una sola visión como
la tienen los pueblos indígenas”
Asimismo señaló el especialista que para que
no haya conflicto entre los diferentes usos del territorio, tienen que estar
claros los mecanismos de
articulación entre sectores
públicos sobre el otorgamiento de derechos y que Perú no cuenta aún con una ley
para “otorgar derechos de manera ordenada”
Otro dato interesante es que Alberto Pizango,
líder de AIDESEP la principal organización indígena de la Amazonía Peruana, manifiesta
que más de 1,000 comunidades nativas esperan que el Estado certifique la
propiedad de unos 20 millones de hectáreas de terrenos que les corresponden. La
carencia del título de propiedad los ha vuelto vulnerables ante madereros
ilegales, ante la minería informal y también cuando negocian con empresas mineras o petroleras en su
mayoría extranjeras.
El Gobierno por su parte aprobó el 01 de
octubre último, una norma para que las
entidades encargadas de aprobar los títulos de las comunidades permitan
que continúe el trámite
independientemente de si hay otras gestiones de empresas sobre el mismo
territorio.
La decisión se tomó después del asesinato de
cuatro indígenas asháninkas que pedían la titulación de su comunidad, Saweto, y
se defendían de madereros ilegales.
La comunidad sigue sin ser registrada
oficialmente por el Gobierno Regional correspondiente.
